En el primer semestre, Rentas ya recaudó más del 85% del total de impuestos calculado en el Presupuesto 2025

En medio del conflicto entre la Nación y las provincias por la distribución de recursos federales, como el Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Tucumán se encuentra bajo el foco de atención por la notable subestimación de sus ingresos tributarios en el Presupuesto 2025. Según datos oficiales de la Dirección General de Rentas (DGR), hasta junio de este año, la provincia recaudó $515 mil millones, lo que representa el 85,7% de los $601,8 mil millones proyectados para todo el ejercicio fiscal. Este escenario, que evidencia un desfase significativo en las proyecciones, se conjuga con las críticas al gobierno nacional, liderado por Javier Milei, de parte del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, quienes señalan la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos coparticipables.

El Presupuesto 2025, aprobado en diciembre pasado, estimó una recaudación tributaria de $601,8 mil millones, un 100,6% más que en 2024, justificado oficialmente por “la suba en el nivel general de precios y la continuidad en la mejora del grado de cumplimiento de los contribuyentes”, de acuerdo al texto del proyecto sancionado. Sin embargo, con un promedio mensual de recaudación de $85,8 mil millones en 2025, los datos de junio —que alcanzaron los $94,6 mil millones, un 65% más que en el mismo mes de 2024— sugieren que la provincia superará ampliamente la proyección anual antes de agosto. En el acumulado del primer semestre, los ingresos tributarios crecieron un 80,4% respecto al mismo período del año anterior, destacándose el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (80,3% del total), seguido por el Impuesto a los Sellos (10,83%) y Salud Pública (3,52%).

Esta subestimación no pasó desapercibida durante el tratamiento del Presupuesto 2025. El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) alertó en diciembre pasado sobre la incongruencia de las cifras: “Por qué el presupuesto 2025 pone $601 mil millones para el año que viene, si ya a 10 meses del año 2024 estamos en $557 mil millones y proyectamos para el año que viene 601, esto habla de un presupuesto que es desatendido”, cuestionó. Viña criticó la alta presión tributaria en Tucumán, proponiendo irónicamente “cerrar Rentas” y convertir la provincia en un “paraíso fiscal” para estimular el empleo, argumentando que el gobierno parece priorizar los fondos de la coparticipación federal sobre los recursos propios.

Por su parte, la diputada Paula Omodeo (CREO) fue contundente en sus críticas: “Tucumán está en el podio de las provincias con mayor carga fiscal del país, la que más cobra impuestos en relación a lo que produce. ¿Qué hacen con la plata de nuestros impuestos, ya que no terminan las obras, como por ejemplo la autopista Tucumán-Termas o las 801 viviendas en Banda del Río Salí? Pero mientras tanto, sí hay plata para más empleados estatales, más fondos para la campaña electoral y más informalidad laboral”. Omodeo calificó el sistema como “perverso” y propuso reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, eliminar privilegios discrecionales y transparentar el gasto público para priorizar obras en lugar de campañas políticas.

La subestimación de los ingresos tributarios tiene consecuencias económicas, administrativas y políticas de gran alcance. En primer lugar, puede generar un superávit fiscal inesperado, ofreciendo flexibilidad para financiar proyectos, pagar deudas o acumular reservas, pero, si no se gestiona adecuadamente, podría derivar en una asignación ineficiente de recursos. Además, al planificar el gasto público en base a ingresos subestimados, se produce una subejecución del gasto, lo que limita la inversión en áreas clave como salud, educación o infraestructura, generando demoras o servicios de menor calidad. Esta situación también refleja una falta de planificación eficiente, que puede minar la credibilidad de la gestión fiscal y generar desconfianza entre los actores económicos.

En un contexto donde las provincias dependen significativamente de la coparticipación federal —en Tucumán, los recursos nacionales representan una parte sustancial de los ingresos, alcanzando el 70% de los mismos—, la subestimación de tributos propios podría haber llevado a solicitar menos transferencias o a ajustar innecesariamente las políticas fiscales, afectando la distribución de recursos entre sectores y municipios. Esto intensifica las tensiones con el gobierno nacional, especialmente en torno a la distribución del Impuesto a los Combustibles y los ATN.

Dos caras

La presión política y social también se hace sentir. La ciudadanía y los sectores opositores cuestionan la falta de transparencia en el uso de los fondos excedentes, exigiendo que se prioricen necesidades urgentes como salarios, infraestructura o programas sociales. No obstante, un manejo eficiente del superávit podría ser una oportunidad de ajuste fiscal, permitiendo reducir déficits o financiar proyectos de largo plazo, aunque una subestimación recurrente podría interpretarse como una estrategia deliberada para mantener un “colchón” fiscal.

Finalmente, la subestimación impacta la economía local. La limitación del gasto público puede frenar sectores dependientes de la inversión estatal, como la construcción, mientras que una reinversión adecuada del superávit podría dinamizar la actividad económica. En un escenario de alta presión tributaria, como señala Omodeo, el desafío para Tucumán es gestionar estos recursos con transparencia y alinearlos con las prioridades de la población, en un contexto donde el conflicto por la coparticipación federal agrega una capa adicional de complejidad a la gestión fiscal provincial.